DECLARACIÓN POLÍTICA

Guerra y elecciones

El enemigo es el imperialismo

El trágico 11-M ha demostrado, de manera fehaciente, definitiva e irrefutable, que la verdadera causa del terrorismo es el imperialismo.

Sin embargo, y a pesar de la claridad del mensaje, ni los partidos ni los voceros del capital han querido cerciorarse de ello. Incluso, las organizaciones de izquierda han preferido pasar de puntillas ante la evidencia de este vínculo. Los unos y los otros se han enfrascado en estériles discursos lastimeros y demagógicos articulados en torno a la cuestión del terrorismo, eludiendo el análisis y el debate sobre la solución de lo que realmente constituye la causa de este fenómeno. Como mucho, se ha aceptado -con claro interés electoralista- que este atentado sí es consecuencia de una determinada intervención exterior ilegal. De este modo, en primer lugar, legitiman posibles intervenciones futuras si son respaldadas por la llamada legalidad internacional, ocultando el carácter imperialista de esta misma legalidad; en segundo lugar, ocultan, también, la naturaleza explotadora, expoliadora y opresora de todo el entramado de relaciones internacionales vigente en el mundo como caldo de cultivo permanente del terrorismo; y, finalmente, ofrecen la falsa idea que identifica al imperialismo con determinado talante de gobierno o con una determinada política exterior, cuando en realidad ese término abarca toda la estructura del capitalismo en todos sus niveles, en una fase de su desarrollo en la que el proceso de acumulación se realiza a escala planetaria y las relaciones sociales que le son propias, con todas sus lacras (aquel caldo de cultivo), se extienden por todo el globo. En definitiva, decir solamente no al terrorismo es hacer el juego al imperialismo. Una firme postura ante esta cuestión es crucial para delimitar los campos que separan la política proletaria de la burguesa.

En este sentido, los sectores de vanguardia de la clase obrera deben hacer honor al espíritu del gran movimiento de masas que, en los tres días de marzo posteriores al atentado de Madrid, situó a la perfección los términos verdaderos del asunto: la intervención imperialista provocó la respuesta terrorista; es preciso purgar la responsabilidad política. Y así sucedió en los comicios generales del 14 de marzo, con el castigo proporcionado al PP y al legado político de Aznar bajo la forma de una dura y humillante, por inesperada, derrota, electoral. Es momento, por tanto, de continuar profundizando y explicando en la misma dirección que han señalado las movilizaciones populares: buscar las causas de los problemas y erradicarlas. Pero los posicionamientos de la mayoría de las organizaciones y partidos de izquierda, incluyendo a casi todos los autodenominados marxistas revolucionarios y comunistas , indican que apuestan una vez más por el posibilismo y el oportunismo político, al eludir centrar su propaganda en la denuncia del carácter imperialista del Estado español y del sistema de relaciones internacionales en su conjunto, y al eludir extraer la conclusión coherente con esa denuncia : la necesidad de que sean destruidos. Muy al contrario, se dedican a alimentar fatuas esperanzas en el pueblo sobre la supuesta regeneración democrática de la política española de mano de José Luis Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno. De hecho, la gran mayoría de corrientes y organizaciones que pueblan ese espectro político a la izquierda del PSOE no ofrecen ni pueden ofrecer una política alternativa distinta de la exigencia al futuro gobierno del cumplimiento de las promesas electorales. Su política, pues, queda reducida a la esperanza de que el PSOE cumpla su programa. Tal es la independencia política de los actuales representantes del movimiento obrero. Incluso, yendo más allá, y debido a la vía reaccionaria por la que decididamente se había encaminado Aznar y a su consiguiente derrota a manos de la ciudadanía, se pretende dar la impresión de que es posible el desarrollo democrático de conjunto del sistema parlamentario burgués. Ya desde el polo nacionalista (desarrollo estatutario), ya desde el social (instauración de la República, como defienden el PCE y Octubre, entre otros), esos falsos representantes del pueblo trabajador inoculan en su conciencia la ilusión de una posible reforma democrática del sistema, sin salirse, naturalmente, de las reglas del juego del cretinismo parlamentario. En estos términos educan a las masas estos campeones del oportunismo. Finalmente, su dependencia política de las promesas ajenas les impide combatir la estrategia del imperialismo español de ocultar su verdadera naturaleza intervencionista y depredadora bajo el paraguas seudopacifista de la ONU o de la OTAN, y permiten que entre las masas prenda la idea de que hay diferencia legítima entre la guerra imperialista conducida por la Casa Blanca y la intervención imperialista consentida por la ONU. La miopía política de nuestra izquierda plural le impide relacionar la retirada de las tropas españolas de Irak con el simultáneo compromiso de aumentar las que hay en Afganistán; le impide comprender que todas estas maniobras forman parte de la política exterior de un Estado imperialista; le impide entender y, en consecuencia, explicar al pueblo, que con Zapatero no va a dejar de existir una política intervencionista, que sólo cambiarán sus apoyos estratégicos internacionales. De hecho, el señalamiento de 30 de junio como fecha límite de la permanencia de los 1.300 mercenarios españoles en Irak, si no se traspasaba la tutela del proceso de transición política a la ONU, fue más bien una especie de órdago lanzado con el fin de obligar a plantear el debate entre las potencias sobre el reparto de Irak y, a la larga, sobre la búsqueda de un reequilibrio multilateral de los distintos intereses imperialistas. La apuesta no ha dado frutos, por el momento. Pero la situación internacional creada por la derrota de Aznar y el posible efecto dominó de la evacuación de las tropas españolas amenazan incluso las expectativas de Bush en las elecciones de noviembre. Lo cual, unido a l desgaste político y militar sufrido por las fuerzas de ocupación, podrían aproximar la opción de una inmediata salida política de la situación que satisficiese las aspiraciones del eje franco-alemán, al que ahora quiere vincularse Zapatero. La repentina decisión de éste de iniciar inmediatamente la retirada del destacamento militar español en Irak nada más nombrar el nuevo gobierno va dirigida en la misma dirección de con­tinuar la presión internacional en pos de un replantea­miento de las relaciones entre las potencias aparte del guiño electoral que supone de cara a las europeas de junio. Para el futuro gobierno no se trata, en resumidas cuentas, de guerra o paz, sino de con quién hacer la guerra. El pacifismo estéril que domina el discurso político de nuestra izquierda oculta esta verdad palpable.

Vanguardia y masas, conciencia y espontaneidad.

Esta traicionera línea política pone en evidencia, una vez más, el divorcio que existe, en la actualidad, entre las organizaciones de vanguardia y las masas en el Estado español; hasta el punto de que, en ocasiones (sobre todo en el último periodo, a través de episodios como los del movimiento de voluntarios por el desastre del Prestigie, en 2002, las macro manifestaciones contra la guerra, en 2003, y la avalancha de votos-castigo el 14M), el movimiento de masas se ha situado a la cabeza, por delante de sus supuestos representantes naturales, y éstos han ocupado la retaguardia en momentos políticos decisivos y de singular trascendencia. Los elementos más conscientes de la clase trabajadora deberán reflexionar honesta y seriamente sobre estas cuestiones, y deberían distanciarse de la respuesta que esa situación ha provocado entre aquellas organizaciones: el retorno al culto del movimiento espontáneo de masas, su postración servil ante él, el enésimo redescubrimiento de la supuesta naturaleza pura y absolutamente progresista y democrática de todo amplio movimiento popular. Esta ciega reacción no es más que el reflejo ideológico de la triste posición a la que se han visto relegados los vocacionales representantes de las aspiraciones de las masas, al verse sobrepasados por el protagonismo directo de éstas, así como la medida máxima del alcance real de su política: la gestión y la tutela del apoyo social desde la calle a un plausible programa político progresista de corte reformista que no desborde el marco del actual sistema de dominación; en último término, el encuadramiento político-institucional del movimiento de masas.

A todo esto se une, en esta ocasión, la circunstancia de que la movilización popular se haya visto traducida de manera inmediata en el nuevo parlamento. Algo excepcionalmente inaudito que ha abierto toda una serie de expectativas que, sin duda, han supuesto una revivificación política del parlamentarismo. Lo cual, ha permitido a sus acólitos difundir el señuelo de la victoria de la democracia o de la democracia en acción. Sobre este aspecto de la cuestión deberían meditar los revolucionarios que han dado por muerto el parlamento burgués como frente de la lucha de clases proletaria, aquellos que, denunciando la vía reformista de integración del movimiento de masas en el sistema, apuestan por la subversión del mismo, abrigando el anhelo de que el desarrollo espontáneo de ese movimiento termine por desbordar el sistema. Es cierto que, desde 1982, la bancarrota del parlamentarismo se fue haciendo más patente legislatura tras legislatura; y es cierto, también, que en 1982 se votó a favor de una esperanza de cambio, mientras que en el 14-M se ha votado contra una farsa aunque como consecuencia de ello haya renacido esa falsa esperanza democratizadora. Pero los hechos tozudos indican la incapacidad del movimiento de masas para desbordar por si mismo los límites del orden político establecido, y la capacidad de éste para encauzar, traducir y expresar -aunque sea sesgada y limitadamente-el sentido político de ese movimiento a través de su sistema institucional. Es decir, su capacidad para absorber el malestar y la contestación social a través de resortes que permiten, al fin y a la postre, su autoafirmación política y su reproducción ideológica. Todo esto nos habla en favor de la vigencia de la idea engelsiana del parlamento como termómetro del estado de conciencia del movimiento obrero, y, sobre todo, nos habla del actual grado de desgaste del sistema de dominación política de la burguesía en su conjunto. Toda futura táctica verdaderamente revolucionaria deberá ser sensible a este tipo de consideraciones, que contribuirán a la acertada estimación del estado real de la correlación de fuerzas entre las clases.

La visión sobredimensionada del papel de la espontaneidad de las masas es compartida por ese sector izquierdista de la vanguardia aturdido por el espejismo que le incita a creer que el movimiento de las masas puede transformarse por sí mismo en movimiento revolucionarlo. Pero también se encuentra entre las premisas que sostienen la política reformista de los sectores oportunistas de la clase obrera, que utilizan a las masas como medio de presión política para su estrategia de conciliación de clases. En este terreno se comprueba, una vez más, la ausencia de diferencias de fondo entre las tendencias izquierdistas y las derechistas en el movimiento obrero. Aunque es preciso reconocer que esta visión es también resultado de una tradición arraigada en el movimiento comunista internacional durante el Ciclo de Octubre -y, en particular, difundida por la III Internacional-consistente en considerar al movimiento de masas como factor independiente al que se supeditaba la táctica de los partidos revolucionarios. Es preciso romper críticamente con esa tradición, porque es la forma primordial y básica de postración de la vanguardia ante el movimiento práctico. En cualquier caso, y continuando con los acontecimientos del día, una vez más, los hechos hablan por sí solos acerca de las posibilidades inmediatas del movimiento de masas: el 14M el movimiento contra la guerra puso en el gobierno al partido socialimperialista; el 20-M, a las manifestaciones convocadas para conmemorar el primer aniversario de la invasión de Irak, el movimiento de masas no acudió y la vanguardia se congregó sola. Son estos y no otros los indicadores del grado de conciencia alcanzado por las masas a lo largo de más de un año de movilizaciones. El nuevo parlamento de Madrid, también.

No hay ni puede haber un movimiento popular espontáneo neutro, independiente de los intereses políticos existentes, instalados más o menos cerca del poder, ni ha habido ni habrá un despertar repentino de la conciencia de las masas. Por otro lado, la historia demuestra que el sistema político burgués sólo puede ser derribado si es empujado por una férrea voluntad consciente, y que esta voluntad sólo puede cristalizar como partido organizado desde la conciencia, desde la ideología proletaria, el marxismo-leninismo. Únicamente la organización del movimiento de masas y su dirección política por este partido podrá transformar la lucha de las masas en lucha revolucionaria, podrá traducir la indignación y la rebelión de las masas contra el poder en destrucción de las bases sobre las que se erige ese poder. Este instrumento político imprescindible es el partido de nuevo tipo proletario. La construcción de este partido (Reconstitución, en la presente etapa de desarrollo político del proletariado) debe ser la tarea prioritaria de la vanguardia en la actualidad. Sin él, la burguesía y el capital siempre dispondrán del margen de maniobra suficiente para superar sus crisis económicas o políticas y para terminar reforzando –como así ha ocurrido al fin y al cabo con ocasión del 11M- su aparato de dominación. Entonces, si el reciente movimiento de masas no ha derivado en acción política revolucionaria -y este es el único modo de conciencia y de actividad que pueden reconocerse legítimamente como propios de la clase proletaria- y, sin embargo, objetivamente no ha podido ser políticamente neutral, ¿quién lo ha dirigido realmente?, ¿a qué intereses sociales ha obedecido ese movimiento?, ¿cuál ha sido el carácter de clase objetivo de las movilizaciones de masas en el último periodo?

La teoría marxista y las constituciones políticas

Para comprender la naturaleza de la etapa política más reciente debemos referimos a las contradicciones en el seno del bloque dominante. A pesar de las apariencias, es del todo erróneo interpretar los últimos acontecimientos remitiéndonos a la contradicción entre las masas trabajadoras y el poder político burgués. En realidad, el movimiento popular ha sido instrumentalizado por un sector del bloque hegemónico con el fin de dirimir diferencias intestinas. Las movilizaciones de febrero de 2003 y de marzo de 2004 no expresaron una fisura entre la sociedad civil y el Estado, sino una fisura en la alianza de clases que configura el actual bloque de dominación política (alianza que es, al mismo tiempo, la base de la actual articulación constitucional del Estado). No se trata de la toma de conciencia repentina por parte de las masas, que se lanzan en ola reivindicativa contra el poder; se trata de que ese movimiento ha sido posible, precisamente, por las facilidades y el apoyo que le ha brindado un poderoso sector de las clases dominantes. En esta coyuntura, lo sustantivo no es la iniciativa de las masas, sino la fisura abierta en el seno del bloque dominante. Insistir en el protagonismo de las masas -y en ello se ha reiterado obstinadamente la izquierda- supone empecinarse en ilusiones reformistas y ocultar, so pretexto de un supuesto potencial político del empuje de las masas, los elementos objetivos de análisis que nos informan sobre el estado real de la correlación de fuerzas entre las clases, que deben ser la base para la formulación de toda línea política proletaria correcta.

Esto no significa que no valoremos positivamen te los síntomas de reanimación del movimiento espontáneo de masas. Pero sólo en su justa medida, sin exageraciones ni ditirambos. Si algo ha demostrado este repunte de la lucha de masas es que sin partido revolucionario no es más que un huérfano desorientado. Más aún, lo que también han dejado claro estos acontecimientos es que la incorporación masiva de los trabajadores a la lucha de clases se realiza a través de las grandes cuestiones, a través de la alta política. Este hecho, ya evidenciado por la historia, si fuera aceptado honradamente por la vanguardia, debería, de por sí, acarrear la quiebra de la táctica economicista, sindicalista, anarcosindicalista o como quiera que se la llame, fundada en la incorporación de las masas a la política a partir de sus reivindicaciones inmediatas y parciales y de su organización paulatina desde sus luchas espontáneas. Esta línea política domina en la actualidad todo el arco político a la izquierda del PSOE incluyendo comunistas y anarquistas-, y es uno de los principales causantes, si no el principal, del actual estado inerte de la lucha de clases proletaria. La lección es clara y tajante: el desarrollo en conciencia y organización de las masas no se realiza a través de la ampliación y profundización de sus luchas económicas y de sus movimientos sociales, sino a través de su participación en luchas políticas , en luchas de implicación general, de profundo calado y largo alcance. Y sólo el partido de nuevo tipo proletario puede favorecer, organizar y dar cauce a esta incorporación creciente de las masas a la actividad política, por encima y más allá del marco del parlamentarismo.

Retomando el análisis del sentido político general de la pasada etapa vivida, sin embargo, será preciso situar brevemente algunas nociones de la teoría política marxista que nos ayudarán a comprender la verdadera naturaleza de los acontecimientos. Fundamentalmente, el concepto de Estado. Para el marxismo, todo Estado es una organización política que es expresión de la unidad entre dictadura y democracia. Históricamente, esta unidad se desenvuelve como democracia para los opresores y dictadura contra los oprimidos , democracia para la clase o las clases dominantes y dictadura contra las clases explotadas. Esto significa que en la configuración del aparato de dominación estatal sólo participan los poseedores, los explotadores, quienes establecen las reglas del juego, el marco político constitucional en el que van a concurrir sus intereses de clase, más o menos diversos. Jamás ha habido ni hay democracia para los desposeídos, para las masas en general. Éstas nunca podrán entrar en el juego del reparto del pastel de las esferas de influencia política y del excedente económico de la sociedad. La tesis de la democracia participativa es uno más de los muchos mitos políticos de los que se sirve el reformismo para adormecer las conciencias y someter los espíritus. La democracia se desarrolla única y exclusivamente en los términos y en el ámbito político de las clases que conforman el bloque dominante, entre los sectores que ejercen la dictadura contra las demás clases. La forma jurídico-institucional que adopte ese bloque de dominación política depende de la naturaleza social de los actores sociales, las clases y las fracciones de clase que participen en el juego, en el pacto, en el siste­ma de alianzas, y del contenido de las reglas que regulen sus relaciones políticas internas.

Es falsa también, por tanto, la tesis economicista- imperialista (que tradicionalmente ha querido fundamentarse en el famoso informe de G. Dimitrov ante el VII Congreso de la Komintern, en 1935), según la cual sólo existe un tipo de Estado para nuestra época, la fase imperialista del capitalismo: el fascismo. Esta tesis vincula directamente la base económica con la superestructura política hasta la exageración. Más que materialismo, esta tesis practica el dogmatismo y el determinismo económico antidialéctico. Sustituye el análisis concreto de las relaciones de clase sobre las que se sostiene un Estado particular con una tesis general; desvirtúa el marxismo porque no concibe al Estado como forma o estado político de las relaciones entre las clases, sino como un simple reflejo superestructural de una organización económica de carácter histórico (el monopolio capitalista); suprime la autonomía relativa de la esfera política y, en consecuencia, no puede apreciar correctamente que una misma organización económica puede representarse políticamente de distintas formas, dependiendo del estado de la correlación de fuerzas de clase. En este sentido, el fascismo es sólo una de esas formas posibles que puede utilizar la burguesía para la organización de sus relaciones internas y externas como clase. Para el economicismo imperialista, en cambio, el fascismo constituye el contenido del Estado del capitalismo monopolista, pudiéndose adaptar a distintas formas (república presidencialista, monarquía parlamentaria, dictadura militar, etc.). Con la noción de fascismo, pues, usurpa el significado y el papel que el marxismo asigna a la idea de dictadura de clase como el verdadero sustrato material de todo orden político. De esta manera, con la falsa ecuación que iguala dictadura y fascismo, se termina dando cobertura al recurrente retorno de la idea contraria mistificada como democracia en general, como la verdadera alternativa que debe servir de base del Estado. Así las cosas, la noción de democracia adquiere un valor absoluto al mismo tiempo que pierde toda referencia de clase. Ya no se trata de democracia para quién (¿para los explotadores o para los explotados?), sino que se abre paso la ilusión de la posibilidad de una democracia para todos. En consecuencia, ante la alternativa marxista de dictadura proletaria frente a dictadura burguesa prospera, dentro del movimiento obrero y comunista, la falsa disyuntiva de democracia frente al fascismo. Hasta el punto de hacerse predominante, de ahí que en ese movimiento proliferen cada vez más las consignas en favor de la República (tanto, que llega a identificarse República con democracia plena, como ha propalado la organización trotskista POSI). La otra derivación de la suplantación conceptual del término dictadura por el de fascismo consiste en dar un paso más simplificando la idea de fascismo, reduciendo y limitando su significado al de represión política. La caracterización preestablecida del régimen fascista como brutal y reaccionario facilita el progreso de esta lógica. Entonces, si represión es igual a fascismo y fascismo es lo mismo que dictadura, obtenemos los elementos básicos de un discurso político -muy común entre las corrientes del movimiento-que cae en la facilona identificación de todo acto de represión política con un acto fascista, y a todo Estado que emplee contundentemente sus aparatos de seguridad como Estado fascista. Con ello, se desvirtúa frívolamente el contenido marxista de la tesis de dictadura de clase como articulación compleja de todo un sistema de dominación, que incluye el diseño de los mecanismos políticos y culturales de su reproducción política, vulgarizándose la teoría política proletaria a través del reduccionismo absolutamente adúltero del concepto de dictadura, que se diluye en el de simple represión política.

Sobre la base de esta tergiversación se han llegado a confeccionar tesis políticas con el ingrediente del fascismo de lo más peregrinas. La más reciente es la que califica de fascista y de continuador del nazismo al Estado norteamericano tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, sólo porque contrató técnicos y asesores nazis y porque utilizó y amenazó con utilizar la bomba atómica. Según esta teoría, el fascismo americano es el factor político más peligroso en la actualidad porque está preparando la tercera guerra mundial. Esta teoría, superficial y antimarxista, persigue la unidad del proletariado con la burguesía y los monopolios europeos contra el militarismo imperialista yanqui, ocultando el carácter imperialista de la Unión Europea (UE) y las verdaderas tareas actuales del proletariado revolucionario. Además, exagera tanto el grado de antagonismo alcanzado por las contradicciones interimperialistas (hoy por hoy, en puro estado embrionario) que oculta la importancia de la contradicción que realmente está alcanzando elevadísimos niveles de confrontación en el mundo -como demuestra el nivel insurreccional que ha alcanzado la resistencia a la ocupación en Irak-, la contradicción entre potencias imperialistas y pueblos oprimidos, distrayendo de las tareas internacionalistas que para el proletariado comportaría su atención.

Muy al contrario de las derivaciones hacia las que nos arrastra la revisión de la teoría marxista del Estado a través de su utilización teórica del fascismo, y en coherencia con ella, debemos afirmar que, junto a aquellas otras ya señaladas, el fascismo es una más de las formas de organización de la dictadura de clase del capital . Precisamente, el fascismo es la forma constitucional que restringe al máximo la democracia en el seno del bloque dominante. Como todas las otras formas de dominación burguesa, tiene sus instituciones peculiares (articulación corporativista del Estado, partido único, militarización de la sociedad...); pero éstas no son lo que define principalmente al fascismo (de hecho no hay un solo modelo de fascismo), sino su contenido político concreto, las tendencias consolidadas a la restricción de la libre defensa de los intereses particulares de clase o fracción que participan del poder. El fascismo es la exclusión de cada vez más sectores sociales del bloque dirigente, es la constricción del área social de hegemonía. El fascismo es la concentración del poder político en manos de cada vez menos fracciones sociales, es la reducción de la participación en los grandes centros de decisión de cada vez más intereses políticos, es la anulación de las reglas del juego democrático entre las clases poderosas. Para las masas, el fascismo sólo acarrea consecuencias de modo indirecto. No puede privarlas del disfrute de la democracia porque nunca dispusieron de tal privilegio. Únicamente, verán reducidos o anulados sus derechos reconocidos, y aumentadas la opresión y la represión habituales. Estos derechos y libertades son las migajas de libertad que se escapa entre las rendijas del sistema cuando el juego de la concurrencia entre los intereses de los poderosos es lo suficientemente amplio. No se trata, por supuesto, de derechos de participación en el sistema, ni de ninguna cuota de poder; es sólo una ventaja adquirida que permite al proletariado disponer de mayores posibilidades para organizarse como clase y para difundir y propagar sus ideas. El fascismo, en cambio, al constreñir la afluencia de los intereses particulares, excluyéndolos del seno del bloque hegemónico, cierra el paso a toda posibilidad de disfrute diferido de derechos para las masas. Por esta razón, el proletariado no puede permanecer indiferente ante el fascismo. Pero tampoco debe confundir la lucha contra el fascismo con la lucha por la democracia . Hacia esta trampa le han empujado en no pocas ocasiones el reformismo y el oportunismo, y hoy continúan haciéndolo ayudados por algunos comunistas. El proletariado no disfrutará de la democracia más que imponiendo su dictadura de clase. La dictadura del proletariado es la organización de la dominación de los explotados, de la gran mayoría de la población, sobre los explotadores, la minoría de privilegiados. De esta manera, la dictadura del proletariado es la constitución política donde la democracia puede hallar su expresión más elevada, y cuando, por primera vez en la historia, esta noción política encuentra su verdadero significado: poder (Kparoç, kratos) del pueblo ( dhm,o , demos). La lucha por la dictadura del proletariado es para las masas, pues, el único camino hacia la democracia. Luchar por la democracia parlamentaria o por otro tipo de constitución política burguesa bajo el pretexto del fascismo no sería más que un servicio de vasallaje prestado por el proletariado a aquellos sectores de la burguesía que quieren restituir sus derechos de participación en el reparto del poder político y en el reparto de los frutos de la explotación del trabajo asalariado dentro del sistema de dominación capitalista.

Aznar, el fascista, y su política

Por lo general, el capital recurre al fascismo como ariete contra el peligro de revolución. Desde la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler hasta el Chile de Pinochet o el Perú de Fujimori, el capitalismo se ha defendido de la amenaza del movimiento proletario mediante la concentración del poder político en una determinada fracción o casta social de la burguesía (la burguesía burocrática o el ejército, por ejemplo), relegando o expulsando del poder al resto de las clases sociales. Pero no siempre el capital recurre al fascismo por causa de la competencia del movimiento obrero; a veces -o simultáneamente-la competencia proviene de la burguesía de otras naciones, lo que motiva la puesta en marcha de proyectos políticos que comportan usos y tendencias fascistas. Este es el caso del Estado español desde marzo de 2000 hasta el l4-M.

A partir de la mayoría absoluta del PP, el gobierno de Aznar se embarcó en una política de corte nacional chovinista que encerraba un proyecto imperialista. Esta política se sostendrá sobre dos ejes: en primer lugar, el afianzamiento ideológico y cultural de la idea franquista de España como unidad de destino, suprimiendo de facto el reconocimiento de la pluralidad nacional recogida por el ordenamiento jurídico vigente. Este proyecto de España conllevaba el hostigamiento y la criminalización de los movimientos y organizaciones nacionalistas, sin distingos entre radicales y moderados. En segundo lugar, una política exterior pretenciosa y agresiva que perseguía reverdecer viejos laureles imperiales. Aznar quería un papel para su España en el concierto internacional, un puesto entre las potencias. Como en la UE no puede desembarazarse de la etiqueta de potencia de segundo orden, imprimió un giro de ciento ochenta grados a la política exterior, rompiendo con Europa -o, mejor dicho, rompiendo Europa-o mejor dicho, rompiendo Europa- y alineándose con Estados Unidos en las vísperas de la intervención en Irak. La presencia de Aznar en las Azores fue más bien testimonial: más que peso militar, el jefe de la derechona española prestó legitimidad a la invasión, bien del que escaseaba la coalición, por lo que la repercusión internacional de la jugada de inquilino de la Moncloa fue tan sonada. Casi tanto como la retirada de su sucesor, que de un solo golpe ha puesto en un brete la doctrina de defensa preventiva con la que el Pentágono justifica su intervencionismo imperialista.

Pero esos cambios en la política del gobierno central lesionaban los intereses de importantes y muy influyentes sectores del bloque hegemónico, que reaccionaron interponiéndose decididamente en el camino que había iniciado la diplomacia española. Para este momento, la situación estaba ya bastante caliente. Como consecuencia de su política interior, hostil a las burguesías periféricas nacionales -principalmente la vasca-, política que declaraba en quiebra algunos de los puntos del consenso social que se encontraba en los fundamentos del ordenamiento constitucional del Estado desde 1978, se estaba produciendo un incipiente realineamiento político de algunos sectores del bloque dominante. La ley de partidos, la ilegalización de los representantes políticos de la izquierda abertzale (EH y Batasuna), la declaración de Barcelona y el plan Ibarretxe sitúan frente a frente a las burguesías medias nacionales y al gobierno. Mientras aquéllas defienden un modelo de relaciones internacionales autonomista y liberal, que coquetea incluso con el principio de autodeterminación de las naciones, éste se aferra a su rancio, ultranacionalista y excluyente proyecto españolista. La presión ideológica y política del gobierno de Aznar perseguía la expulsión de esos sectores de la burguesía media del sistema de alianzas que está en la base del Estado monárquico, abriéndose, por consiguiente, una tendencia a la fascistización de las relaciones políticas en la sociedad española. Pero existe sólo una tendencia ; no es posible hablar todavía de Estado fascista en sentido pleno. El carácter reaccionario de las medidas legislativas de toda índole que fue adoptando el gobierno al calor de esta tendencia es de sobra conocido. Desde la institución del homenaje a la bandera, hasta reforma del sistema judicial y de la enseñanza, el ordenamiento legal iba adquiriendo un perfil todavía más represivo y ultraconservador del que no era ajeno el empeño personal del presidente del gobierno. Indudablemente, este episodio de rebrote neo franquista no puede dejar de ser relacionado con el modo como se resolvió la transición política tras la muerte de Franco, con el aparato del Estado intacto, sin sufrir la menor purga, incorporándose al nuevo orden político. El último periodo ha demostrado que el viejo bunker ha conseguido adaptarse al nuevo entramado institucional y sabido vincularse con nuevos grupos de interés político y económico. Con todo ello, los resultados del 14-M y sus consecuencias deben ser interpretados como un frenazo de las tendencias hacia la fascistización de las relaciones políticas en el Estado español, y no debe extrañar que hayan sido recibidas con alivio por parte de amplios sectores de la vanguardia. Aún así, es preciso no desviar la atención de lo que es esencial: se ha frenado al fascismo, pero no al imperialismo.

El realineamiento de las fuerzas de clase provocado por la política del gobierno del PP se terminó de perfilar con la incorporación del Estado español al eje atlantista. Significativas y poderosas fracciones de la oligarquía financiera vinculadas a la exportación de capitales y con grandes intereses en el exterior se revolvieron entonces contra la nueva orientación política de Aznar, que para fortalecer su posición recababa apoyos entre sectores económicos desplazados (como la burguesía agraria exportadora, a quien ofrendó el Plan Hidrológico Nacional) o emergentes (como la burguesía enriquecida por la burbuja especulativa inmobiliaria, que vería con buenos ojos la inversión de sus excedentes de capital en la reconstrucción de los países pacificados por los socios imperiales) sin apenas posibilidades en el mercado europeo o latinoamericano y con expectativas de acceso a los mercados que pudiera abrir la nueva posición internacional del Estado español. Sin embargo, los sectores ya instalados en los mercados internacionales y muy vinculados con la tradicional política europeísta y las alianzas estratégicas que ésta comporta no podían consentir tal giro de la situación. Por ejemplo, la mayor entidad bancaria, el SCH, y la mayor empresa industrial, Telefónica , tienen sus principales intereses extranjeros en América Latina. De hecho, son las mayores firmas europeas instaladas allí, y la reconocida cabeza de puente en la europeización del Mercosur . Los consejos de dirección de estas empresas saben muy bien que su competidor natural es Estados Unidos, y que el único respaldo político sólido posible a largo plazo para sus intereses económicos es una UE fuerte. Asimismo, la principal compañía de carburantes española, Repsol , ya había firmado contratos de explotación petrolífera con el régimen de Saddam Husein cuando Aznar posaba para la foto de familia en las Azores. Evidentemente, sus directivos eran conscientes de que no obtendrían ni las migajas –como así ha sido, a pesar de los servicios prestados- en un reparto del subsuelo iraquí entre las hermanitas del petróleo americanas y británicas. Fueron estos poderosísimos sectores del gran capital español los que se rebelaron contra la americanizado de la política exterior española, y los que se apresuraron a dinamitar el proyecto protofascista de reestructuración del sistema de alianzas de clase sobre el que se instala el Estado español.

Mención aparte merece la aristocracia obrera, el sector del proletariado de los países imperialistas que viven por encima de sus posibilidades a expensas del expolio del resto del mundo. En nuestro país, forma parte del bloque hegemónico y está representada por ciertas corrientes políticas dentro de los partidos de izquierda y sobre todo, por los sindicatos amarillos mayoritarios . Desde los pactos de la Moncloa hasta hoy, estos agentes han firmado, año tras año, la paz social y el recorte consecutivo y sistemático de derechos de los trabajadores, a cambio de influencia en la mesa redonda de la democracia de los poderosos. Su reconocimiento como interlocutores sociales válidos y el diálogo y la negocia­ción como método para resolver las contradicciones so­ciales son los pilares de su integración y aceptación en el sistema. Por eso, cuando el gobierno, en uno más de sus alardes autoritarios, promulgó el denominado decretazo sin siquiera consultarles, es decir, rompiendo una vez más las reglas del juego de la democracia burguesa (de la democracia para la burguesía), los nuevos sindicatos verticales convocaron la huelga general para el 20 de junio de 2002. El gobierno ni se inmutó, hasta que muchos meses después, la burguesía nacional vasca, en su pugna particular con el gobierno, plantea un nuevo pulso a través del plan Ibarretxe , plan soberanista que contempla tanto el fin del terrorismo de ETA como la posibilidad de la aplicación del derecho de autodeterminación en Euskal Herria. Ante tantos frentes abiertos simultáneamente, el gobierno decide ceder ante los sindicatos y retira la mayor parte de las medidas de flexibilización laboral del decretazo. Es decir, conserva el apoyo de la aristocracia obrera con el fin de poder emplearse a fondo en su enfrentamiento con la burguesía vasca. Está claro que, para los sectores más ultramontanos del poder, mantener la paz social -o, si se quiere, la retaguardia asegurada- es fundamental y prioritario en sus proyectos españolista e imperialista. La aristocracia obrera firmó su apoyo o, al menos, su neutralidad en el giro de la política del gobierno cuando -también como compensación por sus concesiones en política laboral- los grandes sindicatos se negaron a convocar (o realizaron una convocatoria testimonial) una nueva huelga general contra la guerra, a pesar de la demanda evidente de la mayoría del proletariado.

Entonces, el enfrentamiento en las altas esferas de la economía y del poder político había provocado una fisura en el bloque hegemónico , abierta entre dos agrupaciones de clases opuestas por su apoyo al proyecto imperialista europeo o al proyecto imperialista encabezado por Estados Unidos . La fisura se manifestó a través del gran movimiento de masas que se levantó contra la guerra en Irak y la participación en ella del ejército español. Resultaría del todo insostenible cualquier interpretación que atribúyalas gigantescas movilizaciones populares de febrero de 2003 a la iniciativa exclusiva de las masas. Sin negar la importancia del factor espontáneo y de su relevante papel, el perfil de los acontecimientos nos debe permitir comprender la naturaleza de este proceso. No fueron las organizaciones convocantes de las macromanifestaciones del 15 de febrero, sino instancias que forman parte constitutiva del propio aparato de adoctrinamiento de masas y de control ideológico del Estado, desde donde se crearon las condiciones políticas y se preparó a la opinión pública para tomar parte activa en el plan de ataque contra la política del gobierno. No fueron las organizaciones sociales las que jugaron el papel de vanguardia, sino ciertos poderes facticos , a través de organismos como la Plataforma de Cultura Contra la Guerra (formado por intelectuales y actores) y la prensa. Incluso vacas sagradas del periodismo español como Pedro J. Ramírez, tradicional partidario moderado de la política del PP, manifestó personal y públicamente su oposición al cambio de rumbo del gobierno. Tampoco los partidos de izquierda se pusieron a la cabeza. Solo el PSOE, después de titubear y casi obligado por la presión social, puso manos a la obra para rentabilizar la respuesta popular electoralmente. En cuanto a IU, no dejo nunca de ir a remolque de la situación.

Fueron, por lo tanto, las contradicciones en el seno del bloque dominante lo que permitió un movimiento de masas de tales dimensiones en el Estado español . En el resto del mundo, también alcanzaron gran envergadura por distintas razones. En el mundo árabe, por razones obvias; en el resto del denominado tercer mundo, por el resentimiento antiimperialista; en Europa, por el apoyo gubernamental a la contestación popular a la política exterior de la Administración Bush. Lo singular del caso español es que se vivieron las concentraciones de masas de los países occidentales a pesar de los obstáculos interpuestos por el gobierno y contra el gobierno. ¿Puede esto explicarse desde la interpretación espontaneísta de los acontecimientos? Naturalmente que no.

El siguiente capítulo de la historia de las desavenencias internas entre los poderosos tuvo lugar con motivo de los atentados de Madrid del 11 de marzo. Entre medias se había desarrollado el episodio del caso Tamayo y Sáez , por el que el PSOE perdió el gobierno autónomo de Madrid, y que había demostrado los pocos escrúpulos del entorno del PP, incluso para practicar el juego sucio, cuando se trataba de conservar el poder y sus prebendas. Pues bien, el PP trató de violar las reglas del juego con motivo del 11-M. Mintiendo sobre la verdadera autoría del atentado, el equipo del tándem Rajoy-Aznar quiso matar dos pájaros de un tiro: renovar la mayoría absoluta parlamentaria, en esos momentos cuestionada por los sondeos de opinión, y crear las condiciones ideológicas para un mayor respaldo a su política exterior y para una nueva ofensiva contra las burguesías nacionales, en general, y el nacionalismo vasco, en particular. La baza de la mentira como criterio de gestión de la crisis fue el suicidio político del PP. La verdad se fue filtrando por la fisura abierta entre los grandes intereses políticos contrapuestos y fue llegando a oídos del pueblo. La oposición oculta al gobierno volvió a mover sus hilos, vertiendo transparencia sobre los hechos. El día 12, en la manifestación que el gobierno había convocado para instrumentalizar la ira popular a favor de su política fascista, tuvo lugar el punto de inflexión. Las masas no gritaron. “ ETA no” , sino “ ¿Quien ha sido? ”. Este día, el candidato popular perdió las elecciones. El día 13, un sector de la vanguardia se congregó ante las sedes del PP en todo el territorio increpando al partido del gobierno. En esta ocasión, y por una vez, la vanguardia sí supo expresar el irascible clamor popular. Posteriormente, la jerarquía del partido derrotado en las elecciones se quejó y denunció estos hechos, por haber tenido lugar el día de reflexión anterior a las votaciones al Parlamento. Se lamentaba por haber sido víctima… ¡de juego sucio!

La mejor prueba de la existencia real y de la permanencia de una fisura en el bloque hegemónico es que la primera etapa del gobierno Zapatero se está caracterizando por la política de contrarreforma. Su objetivo es derogar o modificar todas aquellas leyes que, promulgadas unilateralmente, expresan los intereses parciales y particulares de uno de los sectores del bloque dominante. Este estilo de gobierno, con la impronta particular de Aznar, había puesto en crisis el modelo de consenso político y social como base del desarrollo y del orden institucional, el modelo de relaciones políticas que se plasmó en la Constitución de 1978. En el futuro se comprobará si la polarización política en ciernes que había ido produciéndose a lo largo de la última legislatura se profundizará o, por el contrario, el equipo de Zapatero sabrá reconducir la situación hacia el punto de partida constitucional que sirve de fundamento al actual ordenamiento político y jurídico. Indicios de última hora revelan que sí hay avances en esta dirección. La reciente decisión del Tribunal Constitucional de permitir el debate del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, que tenia bloqueado el anterior gobierno, puede aliviar la tensión entre Madrid y los partidos nacionalistas, e iniciar un nuevo periodo en las relaciones entre el poder central y las burguesías periféricas. A ello contribuirá grandemente la tesis, que parece ir abriéndose paso -incluso en el entorno del rey- de la necesidad de una reforma de la Constitución. Por otro lado, la rectificación de la decisión tomada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de reducir las ayudas a algunos productos agrícolas, que afectaba catastróficamente a varios sectores del campo español, supone un espaldarazo explícito por parte de las cancillerías europeas a la reorientación de la política exterior de Zapatero y a su compromiso europeísta, además de favorecer la ampliación de la base social de su nuevo gobierno. Por su parte, sin embargo, el sector duro del PP ha consolidado sus posiciones en el partido: halcones como Acebes y Zaplana copan sus máximos órganos de decisión, mientras que el sector que se mantuvo dubitativo ante la decisión de participar en la guerra, representado por uno de los antiguos pesos pesados del gobierno, Rodrigo Rato, pierde influencia. El ex Vicepresidente y Ministro de Economía, de ser hasta hace poco aspirante a suceder a Aznar, queda completamente relegado del aparato del partido, y debe proseguir su carrera apartado de la política española. Todo parece indicar que, en la legislatura que se abre, el PP ejercerá una cruenta oposición parlamentaria, poco inclinada al consenso político y a resignarse a retornar a la correlación de fuerzas anterior a marzo de 2000. A pesar de ello, nada permite pensar que el peso político del conjunto de fuerzas sociales que el aznarismo logró alinear en torno a su proyecto filofascista y atlantista esté en condiciones de dar la batalla fuera del parlamento y del actual sistema de reglas del juego constitucional. Fracasó estando en el poder, y fuera de él será objeto de la presión para reencontrar un modus vivendi en el interior del bloque dominante que satisfaga los intereses de todas las fracciones sociales implicadas.

Situándonos, para terminar, en el terreno del diseño de la táctica política proletaria- que depende, insistimos en ello, más del estado de la correlación de fuerzas entre las clases que del estado de ánimo sólo de la clase obrera-, podemos afirmar que, desde nuestro análisis, la actual coyuntura no presenta ningún desplazamiento político que suponga un cambio sustantivo del marco de desenvolvimiento de la lucha de clases característico de los últimos 15 años, aunque sí se detecten, como hemos señalado, intentos por parte de algunos sectores de la burguesía por modificar este marco. Por consiguiente, sin cambios sustanciales a la vista en la relación de fuerzas entre las clases, la única táctica justa para salvaguardar la independencia política del proletariado con el fin de que pueda acometer su papel revolucionario continúa siendo enarbolar la bandera de su reconstitución ideológica y política.

Comité Central del Partido Comunista Revolucionario

Estado español, 1º de Mayo de 2004